El airbag sigue dando de qué hablar a lo largo y ancho de este mundo. Si hace unos días os contábamos cómo el Gobierno está intentando aprobar una ley para que los exámenes de la DGT en moto se hagan con este tipo de prenda obligatoriamente, ahora nos llega una noticia igual de importante desde Chipre.
Y es que acaban de aprobar el uso de este elemento de seguridad de manera obligatoria para todos los profesionales que conduzcan una moto. Una medida que está generando casi tanta controversia como la que se sufrió aquí la DGT cuando lo quiso hacer obligatorio para todo el mundo.
Considerado como un artículo de seguridad laboral
La utilización del airbag se esta convirtiendo en un tema recurrente a la hora de abordar la seguridad de los usuarios en motos. Todos sabemos que este producto es un complemento ideal para prevenir desgracias mayores en caso de accidente de tráfico.
Sin embargo, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a él al ser una tecnología demasiado novedosa que cuenta con unos precios no aptos para todos los bolsillos. En España se debatió la posibilidad de hacerlo obligatorio, siendo las propias asociaciones de motoristas las que echaron atrás esta idea.
No ha sido el caso de Chipre. Según nos informa Le repaire des motards el Ministro de Transporte quiere imponer un equipo de protección completo y un chaleco con airbag a los motociclistas y a los conductores de scooters. La propuesta no concierne a todos los usuarios, sólo a aquellos que utilicen el vehículo de dos ruedas como parte de su actividad profesional. De hecho, el airbag no será la única prenda que imponga este proyecto de ley sino que también será obligatorio, además del uso del casco, un equipamiento homologado consistente en chaqueta o cazadora con elementos reflectantes, pantalón y botas o zapatos, protección en las rodillas, en las caderas, protector de espalda y guantes.
El mayor problema que surge de esta ley es que será aplicable a todo tipo de vehículos, desde deportivas hasta ciclomotores. Y todo ello enfocado como una cuestión de riesgo laboral, por lo que serían las propias empresas (o en su caso, el autónomo de turno), las que deban llevar ese gasto extra. Pero los problemas para los conductores profesionales chipriotas no terminan ahí, ya que los castigos por el incumplimiento de esta norma acarrearán multas de hasta 1.500 euros y seis meses de prisión.
Como no podía ser de otra manera, las asociaciones de motociclistas como el CMRC (Club de Derechos de Motociclistas de Chipre) han puesto el grito en el cielo denunciando la complejidad y el costo de esta medida. También denuncian la falta de precisión en la legislación a la hora de definir lo que es un "conductor profesional", permitiendo que los agentes de policía detengan a cualquier motociclista para un control.
Pese a las protestas, el proyecto de ley que también lucha por mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores en moto, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y solo necesita la aprobación de los diputados para dar comienzo.
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