Después de que el Ayuntamiento de Madrid solicitase a las empresas Lime, Wind y VOI la retirada de sus patinetes eléctricos de las calles de la capital en un plazo de 72 horas, otras voces se unen a la apropiada regularización de estos vehículos de movilidad personal (VMP).
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid ha manifestado la necesidad de que los cada vez más populares patinetes eléctricos respeten los espacios compartidos, instando a las administraciones a obligar a que se cumplan las normativas vigentes y garantizando la seguridad del resto de usuarios.
Una manifestación bajo el lema "no atropelles nuestros derechos"
Los patinetes eléctricos se han implantado más rápido de lo que la normativa ha sido capaz de adaptarse. Las soluciones de movilidad alternativa ayudan a hacer ciudades menos congestionadas pero, tal y como están distribuidas las ciudades actualmente, suponen un problema de convivencia que hoy se ha traducido en una manifestación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid.
Con una distribución bipolar en la que las calzadas son prácticamente en exclusiva para los automóviles y las aceras para los peatones, los VMP y más concretamente los patinetes eléctricos mayortariamente de uso compartido tienen que convivir en alguno de esos espacios. Esto supone que actualmente los peatones tengan que ceder en muchos casos el paso a los patinetes eléctricos y crean un riesgo para aquellos más vulnerables.
En este sentido Luis Miguel López, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid ha manifestado que "los colectivos más vulnerables están cogiendo miedo a salir a la calle", aseverando además que "nos están echando del espacio público" porque suponen un peligro debido a la velocidad que alcanzan y a que no se les oye.
CERMI apunta a la gran cantidad de patinetes aparcados en cualquier lugar así como motos eléctricas compartidas y bicicletas como una "invasión de las aceras" que afecta a personas con movilidad reducida, ciegas, sordas, niños y personas mayores más allá de la mera posibilidad de ser atropellados. La reclamación del colectivo exige "a la DGT una regulación que se cumpla", algo en lo que la DGT ya está trabajando.
Una solución de movilidad con condicionantes
El requerimiento del consistorio de Manuela Carmena a las empresas de patinetes eléctricos compartidos que operan en Madrid se produce como un primer movimiento para el debido cumplimiento de la normativa vigente.
Madrid ha argumentado su decisión en que las aplicaciones de patinetes compartidos no manifiestan expresamente en sus interfaces la necesidad de usar los patinetes de la manera apropiada, es decir, ateniéndose a la regulación de Madrid, favoreciendo un uso incorrecto y por lo tanto potencialmente peligroso de sus dispositivos.
La nueva Ordenanza Municipal de Madrid recoge que los patinetes eléctricos nunca podrán circular por las aceras salvo que sus usuarios lo hagan pie a tierra, teniendo que transitar bien por carriles bici, senderos y caminos de parques o por cualquiera de las calles con un límite de velocidad de 30 km/h, que suponen el 80% de las calles céntricas de la capital.
Esta Ordenanza se publicó este año en ausencia de una normativa estatal que regulase a los patinetes eléctricos y demás VMP. A efectos prácticos estas nuevas formas de movilidad se han quedado en un limbo normativo pues a ojos de la DGT el vehículo más pequeño es un ciclo, una bicicleta. Sólo la Instrucción 16.V-124 de 2016 los reconoce como un tipo de vehículo pero no los incluye en el Reglamento a efectos normativos por lo que su validez es casi nula.
La problemática se deriva de esta manera en el trágico caso de la mujer de 92 años fallecida tras ser atropellada por dos jóvenes que circulaban por la zona peatonal de una rambla en Esplugues de Llobregat. El uso indebido del patinete y su no consideración como vehículo y por tanto la carencia de un seguro de responsabilidad civil ahora recaen en una investigación sobre el conductor del patinete como posible autor de un homicidio imprudente.