442.000 euros es lo que tendrá que pagar a un ayuntamiento español a una empresa de gestión de radares por no haber puesto multas. Es literalmente la condena que le ha impuesto la justicia al ayuntamiento de Lleida por no haber recaudado dinero con los radares de velocidad del municipio en 2014.
En el trasfondo de esta historia también hay un tema político, y un motivo: según detalla la oposición, el entonces alcalde de la localidad no quiso poner multas de velocidad porque estaban en año preelectoral. Ahora el TSC ha sentenciado a pagar al municipio por ello.
Medio millón por no cobrar multas a los infractores
El Tribunal Superior de Cataluña ha obligado al ayuntamiento de Lleida a indemnizar con 442.000 euros a la empresa de gestión de radares Arnó, que era la encargada de dicha labor en el municipio catalán entre 2013 y 2019.
El motivo es que se obliga a compensar a la empresa por la falta de uso del cinemómetro embarcado en un coche de la Guardia Urbana durante toda la vigencia de la concesión.
La empresa reclamó en 2016 casi un millón de euros tras interponer un recurso judicial contra los órganos locales. Aportaron capturas de radar y fotos de semáforos en rojo que no fueron luego validadas y cobradas por el municipio.
En el fallo judicial, detallan medios locales, se obliga a pagar "una cantidad equivalente a la que ingresó la empresa recurrente en 2016 por el concepto de las sanciones impuestas en virtud del cinemómetro embarcado por cada año de ejecución de contrato y que no se haya utilizado este dispositivo, a excepción de los últimos 15 días de 2013 y el mes de febrero de 2019".
Eso suponen 442.000 euros, de los cuales 142.000 se pagarán este año y 300.000 en el siguiente. La Paeria señala que en 2016 fue el único año en el que el radar funcionó varios días, y que generó ingresos de 358.1000 euros, de los que 108.270 fueron a las arcas de la empresa en concepto del porcentaje que le correspondía de acuerdo con el contrato.
La edil del Comú Laura Bergés culpó ayer de esta indemnización a “la mala gestión” de Àngel Ros, alcalde del PSC por entonces: "No quiso poner multas en año preelectoral, lo pagamos ahora entre todas". El equipo de gobierno municipal, en cambio, dijo que "discrepa" pero acepta la decisión judicial.