Glovo continúa saltándose la normativa laboral. La Inspección de Trabajo acaba de volver a sancionar a la empresa de reparto por partida doble: primero por tener a sus repartidores como autónomos, y también por el uso de inmigrantes sin papeles ni permiso de trabajo.
Inspección de Trabajo tiene bien fichado a Glovo, que no es la primera sanción que acumula. En total, la empresa debe 205,3 millones de euros al fisco español por infracciones laborales.
Falsos autónomos e inmigrantes ilegales con la mochila de Glovo
Las propuestas de sanción por dos irregularidades ya están sobre la mesa para Glovo Madrid. La primera de ellas, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social, lo que equivale a una multa de 32,9 millones de euros. A eso hay que sumarle al acta de liquidación, es decir, la falta de cotización de esos falsos autónomos, que son 19 millones de euros.
Por otra parte, la Inspección de Trabajo les ha sancionado con otros 5,2 millones de euros por el trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo. En concreto han contabilizado 813 personas en situación irregular.
La factura total de estas dos infracciones asciende a 56,7 millones de euros de multa, que se suman a las otras tantas infracciones laborales de la multinacional que nació en España a manos de Óscar Pierre y Sacha Michaud.
Sin embargo, y a pesar de la Ley Rider que pretende acabar con el abuso de falsos autónomos en estas empresas y que las obligó a contratar a sus repartidores como asalariados, siguen creyendo que su forma de trabajar es la correcta.
A su favor, la empresa dice que el período de inspección al que se refieren las sanciones es anterior a la llamada 'ley rider' y que "hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España".
Acabaron el año en pérdidas. El cierre del ejercicio de 2022 se saldó con unas pérdidas de 496 millones de euros para la empresa, aunque eso no les impidió repartir un bonus de 115 millones, según relataba El País.
Glovo es reincidente. El año pasado fue obligada a regularizar la situación de 10.000 repartidores que eran falsos autónomos en Valencia y Barcelona, además de afrontar una multa de 79 millones de euros. Antes, en 2020, sucedió lo mismo con 11.013 trabajadores, con una sanción de 16,2 millones de euros por el mismo motivo.
Su caso también ha pasado por las manos de la Audiencia Nacional, que le multó con 50.000 euros por obstaculizar la labor de la Inspección de Trabajo en las oficinas de Bilbao. Junto con esa sentencia, también tiene demandas judiciales pendientes por las contrataciones irregulares. De hecho, tiene un juicio pendiente a finales de 2023 por la regularización de otros 3.200 trabajadores en 2018.