Madagascar es un destino turístico único; imagínate estar dando una vuelta por la nación insular y de repente encontrarte con una moto de Correos, o de la policía de Madrid, o hasta de la Policía Foral de Navarra. Pues es la situación que ha propiciado el tráfico ilegal de motos desde Europa.
La 'Operación Injini' ha desmantelado una auténtica red de exportación ilegal de motos y ciclomotores que salían de Europa con destino África y otros países de la zona euro. Y el resultado era surrealista; no era tan raro ver una moto de Correos en la otra parte del mundo.
25 personas detenidas y un beneficio de más de medio millón de euros
La escena es dantesca: una vieja y robusta BMW K75 de 750 centímetros cúbicos y serigrafiada con motivo de la Policía Foral de Navarra; o un amarillento scooter con el logotipo de Correos circulando por Antananarivo, la capital de Madagascar.
Sin embargo, esas motos no deberían de existir y estarían achatarradas hace muchos años. Pero no, a través de una red criminal las motos llegaron a África de manera ilegal, y su punto de salida siempre era el mismo: un desguace madrileño, ahora desmantelado por la Guardia Civil.
Esa era la justificación para ver todo tipo de motos y ciclomotores circulando por otros continentes que habitualmente veríamos en España: motos policiales, de Correos... Según explica El Periódico de España, la Guardia Civil ha detenido a 25 personas en el marco de la 'Operación Injini', que pertenecían a una banda con base en un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos en San Martín de la Vega (Madrid).
Al parecer, tal y como explica el Instituto Armado, y presuntamente, la red recogía motos y ciclomotores de varias provincias españolas dados de baja y las exportaba como vehículos de segunda mano a tres países europeos, Italia, Portugal y Polonia, y a otros cinco africanos: Marruecos, Senegal, Nigeria, Mauritania y Madagascar.
El modus operandi. Al estar dados de baja eran considerados residuos peligrosos y simulaban tramitar su supuesta gestión como residuos. Pero no los descontaminaban ni los vendían por piezas, que sería lo legal, sino que los exportaban y declaraban como motos de segunda mano, acabando en alguno de estos países.
Esta red estaba formada por una "estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada": dos administradores, dos administrativos, 10 operarios que manipulaban las motos eliminando el número de bastidor y matrículas y una serie de clientes y transportistas que hacían de proveedores.