Lo de Italia con los radares no es baladí. Es el país de Europa con mayor número de radares en funcionamiento, 11.000 en total. Y ahora, se enfrentan a un lío legal épico: no están homologados, más o menos, según reportan medios nacionales.
Según la ley italiana, los cinemómetros deben pasar por dos procesos: una aprobación de un ministerio y una homologación de otro. Lo que pasa es que todos tienen la primera pero no la segunda, y hay una avalancha de apelaciones; hasta localidades apagándolos ante la incertidumbre.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, y se abre a una avalancha de recursos por multas
Para entender la situación en Italia hay que conocer que los radares pasan por un primer proceso de "aprobación" ante el Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano. Después, deberían pasar por una estricta "homologación" del Ministerio de Desarrollo Económico.
"Dos procedimientos distintos", acaba de considerar un grupo de jueces romanos del Tribunal Supremo en un fallo a la apelación de un conductor que recurrió su multa por exceso de velocidad. Y eso abre un terrible cisma en el país, porque de los 11.000 radares que tienen, ni uno solo tiene esa homologación, pero sí aprobación; necesitan las dos, y solo tienen una.
Los radares están aprobados pero no homologados. A pesar de ello, todos están en funcionamiento desde hace décadas, y cada vez hay más. Al sentar jurisprudencia por parte del juzgado romano, se abre una avalancha de incertidumbre que hará que miles y miles de conductores reclamen y apelen en masa.
¿Qué va a pasar? Lo cierto es que, según replican medios italianos, con efecto retroactivo, nada. Las multas ya pagadas o cuyo plazo ha expirado (30 o 60 días para recurrir, dependiendo del juzgado) no pueden ser recurridas. Sí que pueden las que todavía están a tiempo de apelar o aquellos que recibirán una multa en los próximos días. Y eso supondría una enorme avalancha.
En consecuencia, ya hay municipios y provincias italianos apagando los radares para evitar reclamaciones. Por ejemplo, en Pordenone, una provincia de 51 municipios y casi 300.000 habitantes, ya han apagado todos los radares para evitar posibles recursos por la sentencia del Tribunal Supremo.
Ahora la pelota recae en el gobierno nacional y en el Ministerio de Transportes. Expertos hablan de que se debería añadir "una enmienda a la modificación del Código de Circulación ya aprobada por la Cámara" para homologarlos, y que sigan funcionando sin el miedo a apelar cada una de las multas de radar.